Consumidores y Usuarios

Los contratos a distancia. Los requisitos legales y efectos de los contratos celebrados a distancia por medios telefónicos, telemáticos o electrónicos.

¿Por qué normativa se rigen estos contratos?

Se rigen por el Real Decreto 1906 de 17 de diciembre de 1999, que desarrolla el artículo 5 de la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación. El Real Decreto citado no supone una regulación general de la contratación electrónica o telemática, sino que se trata de una regulación específica de las condiciones generales contenidas en los contratos que se celebran por medios telemáticos, electrónicos o telefónicos, en aras fundamentalmente de la protección del consumidor.

¿Qué se entiende por contratos a distancia?

Son aquellos contratos que se celebran sin que las partes contratantes estén presentes físicamente de manera simultánea en el momento de suscribir el contrato, utilizando para ello el teléfono o cualquier medio telemático (internet) o electrónico.

Por otra parte, para que tales contratos queden sujetos al Real Decreto 1906/1999, es necesario que contengan cláusulas que tengan el carácter de condiciones generales de la contratación, de acuerdo con lo establecido en la Ley de 13 de abril de 1.998.

¿Qué contratos quedan fuera del Real Decreto?

El propio Real Decreto citado declara que no es aplicable a una serie de contratos, que son los siguientes:

a) Contratos administrativos.
b) Contratos laborales.
c) Constitución de sociedades.
d) Contratos familiares y sucesorios.
e) Contratos relativos a condiciones generales que reflejen disposiciones o principios derivados de Convenios internacionales en los que España sea parte, ni a los que se refieran a condiciones generales reguladas por una disposición legal o administrativa de carácter general de obligatoria aplicación a los contratantes.
f) Contratos de servicios bancarios o financieros.
g) Contratos celebrados mediante máquinas automáticas.
h) Contratos por subasta.
i) Contratos relativos a bienes inmuebles (construcción, venta, arrendamiento, derechos reales,...), a excepción del arrendamiento de temporada al que sí será de aplicación el Real Decreto.

¿Dónde ha de celebrarse el contrato para que quede sujeto al Real Decreto?

El Real Decreto es aplicable a un contrato en el que la adhesión por un contratante a las condiciones generales del mismo haya tenido lugar en España, cualquiera que sea la legislación nacional por la que se rija el contrato.

¿Qué derechos tiene el consumidor?

El consumidor (también llamado adherente) tiene derecho a que antes de la celebración del contrato, con una antelación de al menos tres días, la persona que le ofrece un bien o servicio por estos medios (llamado predisponente), le facilite información veraz, eficaz y completa sobre todas y cada una de las cláusulas del contrato, y que le remita por cualquier medio adecuado a la técnica de comunicación a distancia utilizada, el texto completo de las condiciones generales.

Una vez celebrado el contrato, el oferente de los bienes o servicios (predisponente) deberá remitir al otro contratante (adherente o consumidor) inmediatamente o a más tardar en el momento de la entrega de los bienes o comienzo de la ejecución del contrato, justificación con todos los términos del contrato. Esta justificación puede enviarse por escrito o en cualquier otro soporte duradero que elija el adherente (disquetes o disco duro del ordenador en el que se almacenen los e-mails), necesariamente en el idioma del consumidor o en el que utilizó el predisponente al hacer la oferta.

¿Tiene el consumidor derecho a la resolución del contrato?

El consumidor tiene siete días hábiles para resolver el contrato (anularlo) sin incurrir en ningún tipo de penalización ni de gasto, incluidos los gastos de devolución.

El expresado plazo se cuenta desde la recepción de los bienes por el consumidor si se trata de un contrato de entrega de bienes, y desde la fecha de celebración del contrato en cualquier otro caso. Si la información o la justificación documental del contrato a cuya remisión está obligado el oferente se envían al consumidor con posterioridad a la entrega de los bienes o a la fecha de celebración del contrato, el plazo de siete días comenzará a contar desde la fecha en que se cumplan tales obligaciones por el oferente. Si la justificación documental del contrato es defectuosa o incompleta, el plazo para la resolución del contrato no caduca hasta pasados tres meses desde la entrega de los bienes o desde la fecha de celebración del contrato.

En caso de resolución, el oferente estará obligado a devolver al consumidor todas las cantidades que haya percibido, debiendo hacerlo inmediatamente y en todo caso antes de 30 días.

Si no fuera posible la resolución por la naturaleza de los bienes o servicios, el consumidor tendrá derecho a reclamar una indemnización por los daños y perjuicios que le hayan causado.

¿Sobre quién recae la carga de la prueba?

La prueba de que se han cumplido las obligaciones formales a que están sujetos estos contratos, así como cualquier otro hecho relacionado con los mismos, no corresponde al consumidor sino a la persona que ofrece de los bienes y servicios.